El programa CBI que Argentina lanzará en 2026 nace en un entorno regulatorio mundial cada vez más hostil hacia la inmigración por inversión: la UE ya ha amenazado con suspender la exención de visado Schengen, y EE. UU. vincula directamente la CBI con los riesgos para la seguridad nacional. Con cotizaciones de licitación que difieren hasta 2.000 veces y la soberanía nacional subcontratada a un agente general privado, para los ciudadanos chinos esto supone además enfrentarse al estrangulamiento de la red de transparencia de activos a escala global de CRS+FATCA. Argentina es una «trampa», Uruguay es un «amortiguador», y los programas del Caribe son la opción estratégica más segura y predecible.